Aprueban en comisión modificación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas para prevenir Reclutamiento
- Diputada Norma López critica el sistema de justicia local
Gabriela Godínez García
En Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco, se aprobó la modificación a la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en su Artículo 196 Bis., en el que señala que quien Cometa el delito de reclutamiento quien, por cualquier medio, coaccione, engañe, instigue, induzca o capte a una persona para la comisión de un delito se le impondrá una pena de cinco a quince años de prisión y multa de cinco mil a ocho mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Asimismo, se dio a conocer que cuando este delito, sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes las penas previstas se incrementarán en una tercera parte.
Durante su intervención la legisladora Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión, señaló que se hizo una revisión de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, sin embargo, indicó que no solo se debe tipificar, sino debe existir una adecuada procuración de justicia.
“No estaríamos llegando hasta tipificar el delito de manera local porque al final de cuentas la investigación de trata de personas es concurrencia. Y la Fiscalía de Jalisco debería estar abriendo, como ya abrió, que en algún momento en algún momento ustedes vieron que habían 42 de carpetas de investigación abiertas y denominan como reclutamiento, pero es trata de personas. Públicamente tendrán un lenguaje, pero técnicamente es trata de personas” recalcó la diputada local.
Por su parte el diputado Enrique Velázquez expresó sus reservas sobre si las autoridades y jueces del fuero común cuentan con las facultades legales necesarias para juzgar este delito, o si se trata de un tema de competencia exclusivamente federal.
Asimismo advirtió que el reclutamiento forzado frecuentemente se vincula a delitos de mayor impacto, como el tráfico de armas y la delincuencia organizada, áreas reservadas a la jurisdicción federal y ya consideradas en el Código Penal Federal. En ese sentido, señaló el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda invalidar una reforma local por invasión de competencias, tal como ha ocurrido en antecedentes similares.
Durante la sesión de trabajo, la diputada Cuquis Camarena ratificó su postura a favor del dictamen, recordando que esta agenda da seguimiento a la propuesta impulsada originalmente por la ex diputada Hortensia Noroña. «Desde el 4 de abril del 2025 en esta LXIV Legislatura presentamos un exhorto en los mismos términos para darle seguimiento a esa iniciativa (…) y lo mandamos al Congreso de la Unión precisamente por la preocupación que tenemos todas y todos en el Estado de Jalisco», se señaló durante la intervención legislativa.
