“No quiero una sentencia en papel”: víctima exige prisión para exdocente condenado por abuso sexual infantil
Tras cuatro años y medio de proceso judicial, David “C”, exdocente de la Preparatoria Regional de Chapala de la UdeG, fue condenado a ocho años de prisión. La víctima teme que la defensa consiga modificar la medida cautelar y reclama que la sentencia se traduzca en una consecuencia efectiva.
Después de cuatro años y medio de enfrentar un proceso judicial, una víctima de abuso sexual infantil logró que un juez declarara culpable a David “C”, exdocente de la Preparatoria Regional de Chapala de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y le impusiera una condena de ocho años de prisión.
La resolución fue emitida por el juez Iván Gómez Vega; sin embargo, para la víctima la batalla aún no termina, debido a que la defensa puede recurrir la sentencia y solicitar nuevamente una modificación de la medida cautelar.
El principal temor, explicó, es que el sentenciado pueda dejar la prisión preventiva y continuar el proceso bajo prisión domiciliaria mientras se resuelven los recursos legales.
“No quiero que la sentencia se quede en papel”, expresó la víctima, quien sostuvo que su principal exigencia es que la condena tenga una consecuencia real y que David “C” permanezca privado de la libertad.
Defensa busca prisión domiciliaria
De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron en 2014, cuando el delito de abuso sexual infantil no contemplaba la prisión preventiva oficiosa en los términos actuales.
Por esta razón, durante una de las audiencias la defensa solicitó la revisión de la medida cautelar con el objetivo de que el sentenciado pudiera permanecer en su domicilio mientras la resolución queda firme.
El juez determinó mantener una medida de prisión preventiva justificada, pero la defensa continuó solicitando que ésta sea sustituida por prisión domiciliaria.
Para la víctima, esta posibilidad representa un riesgo, particularmente porque una de las testigos mantiene vínculos familiares con el sentenciado y, según su declaración, además es su vecina.
“Yo entiendo que ahorita lo que está buscando es que él no pise la cárcel”, señaló.
La denunciante consideró que, si se concede la prisión domiciliaria, existe el riesgo de que el sentenciado pueda evadir la acción de la justicia durante el tiempo que tarde en resolverse una eventual apelación o amparo.
“Lo que quiero es una consecuencia real”
La víctima aclaró que no está en contra de recibir la reparación del daño que legalmente corresponda.
Explicó que una perito determinó una cantidad destinada a cubrir aproximadamente dos años de terapia psicológica, por lo que dicha reparación podría utilizarse para cubrir los gastos de atención.
Sin embargo, afirmó que ese aspecto no representa su principal preocupación.
“A mí no me interesa la reparación del daño; lo que busco es que, si ya emitieron una sentencia, ésta no se quede solo en papel”, sostuvo.
También explicó que durante un proceso judicial de esta naturaleza es fundamental contar con apoyo psicológico, pues el desgaste emocional puede hacer difícil sostener un procedimiento que se prolonga durante años.
La víctima señaló además que las personas que decidan denunciar deben contar con una adecuada asesoría jurídica desde el inicio, particularmente para integrar correctamente los elementos relacionados con la reparación del daño, incluidos los gastos de abogados y atención psicológica.
Señala posibles vínculos dentro del Poder Judicial
Durante la entrevista, la víctima manifestó preocupación por los vínculos familiares que, según dijo, tiene el sentenciado dentro del Poder Judicial.
Afirmó que la hermana de David “C” se desempeña como secretaria de actas y acuerdos en un juzgado con sede en Puente Grande.
La denunciante consideró que esta situación debe ser tomada en cuenta y señaló que existen vínculos familiares del acusado con personas que trabajan dentro del sistema judicial.
Estos señalamientos corresponden a las declaraciones de la víctima y deberán ser, en su caso, investigados y valorados por las autoridades competentes.
Reclama acceso efectivo a la justicia
La víctima también cuestionó las dificultades que ha enfrentado para tener contacto directo con autoridades del Poder Judicial de Jalisco.
Relató que acudió a manifestarse al exterior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco antes de una audiencia intermedia, pero aseguró que no pudo ser recibida por las autoridades.
“No te reciben. No es tan accesible el acceso”, manifestó.
Por ello, hizo un llamado a José Luis Álvarez Pulido, a quien identificó como representante del Poder Judicial en Jalisco, para que el acceso a la justicia para las víctimas sea realmente pronto y efectivo.
Afirmó que los procesos judiciales pueden generar un importante desgaste emocional, físico y económico y cuestionó cuánto tiempo y esfuerzo deben invertir las víctimas para conseguir que una sentencia se cumpla.
La sentencia aún no representa el final
Aunque David “C” permanece actualmente privado de la libertad, la víctima insiste en que el caso todavía no puede considerarse concluido.
La posibilidad de que la defensa apele la sentencia y solicite modificaciones a la medida cautelar mantiene la incertidumbre sobre cuándo se hará efectiva la condena de ocho años.
Para la víctima, el siguiente paso es claro: que la sentencia quede firme y que el condenado cumpla la pena en prisión.
“Lo primero o lo importante es que no hagan el cambio en la medida cautelar, que no le den prisión domiciliaria”, afirmó.
Después de más de cuatro años de proceso, la denunciante aseguró que no está dispuesta a desistir de su exigencia de justicia.
“Las infancias no se tocan. Cero impunidad para los agresores y protección real para las víctimas. Justicia para mí y justicia para todas”, concluyó.
